Quizás el enorme y creciente número de golpes de Estado que se han producido en los últimos setenta y cinco años sea la mejor prueba de hasta qué punto en el capitalismo está limitada la capacidad efectiva de actuación de los gobiernos si se oponen a los dictados de las grandes potencias o del poder establecido, lo que viene a ser lo mismo.
El Cline Center de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, los contabiliza desde hace años, y entre 1945 y 2022 ha registrado 981 eventos de golpe, de los cuales 441 fueron efectivamente llevados a cabo, 349 quedaron en intentos fracasados de acabar con el gobierno instituido, y 191 fueron conspiraciones con ese fin. Más o menos la tercera parte de ellos (350) fueron impulsados por Estados Unidos. Otros registros señalan que durante el período 1946-2000 esta potencia llevó a cabo al menos 81 intervenciones conocidas, abiertas y encubiertas, en elecciones extranjeras. Y según un informe del Congreso de Estados Unidos, entre 1991 y 2022 el país realizó 251 intervenciones militares. De los objetivos perseguidos en todas esas intervenciones da idea que de las realizadas durante la Guerra Fría (1947-1989), sólo el 12,5 por ciento buscaron promover una transición democrática en un Estado autoritario, y la mayoría de los análisis realizados coinciden en que su resultado no fue exactamente el de promover la democracia, sino, en todo caso, fortalecer la hegemonía estadounidense. Otras grandes potencias también han realizado numerosas intervenciones militares que, en mayor o menor medida, alteraron los regímenes políticos en favor de sus intereses. De 1945 a la actualidad, el Reino Unido las ha llevado a cabo en 83 ocasiones en 47 países. Francia, por su parte, ha realizado 135 intervenciones en África entre 1945 y 2005. Y a todas ésas hay que añadir las desarrolladas por iniciativa de los poderes económicos internos, aunque es ingenuo pensar que cuando se orientaban a defender el orden establecido se hayan producido sin la aprobación, impulso o ayuda de alguna de esas grandes potencias.
Esas intervenciones y golpes de Estado no son las únicas fuentes de resistencia de los grandes poderes que dominan el mundo y defienden el orden establecido. Suelen ser la respuesta de última instancia, pero hay otras formas de evitar los cambios y de acabar con los intentos de producir transformaciones sociales.
En las últimas dos décadas del siglo pasado se popularizó la expresión Consenso de Washington, que recogía una serie de medidas de política económica consideradas como las que cualquier gobierno debía asumir si deseaba «ser bien recibido» y merecer un trato favorable por parte de los grandes poderes económicos asentados en la capital estadounidense. Quien se situase fuera de ese consenso y llevase a cabo políticas diferenciadas, antes o después y por una u otra vía, se enfrentaría al bloqueo financiero o, finalmente, al poder militar que terminaría paralizándolas. Muchas veces, sin medir el coste social o las pérdidas de vidas humanas que eso llevara consigo.